Latinoamérica es la región con mayor dependencia del petróleo en su matriz de energía primaria y, a la vez, una de las que impulsa con más fuerza la transición energética. Esa aparente contradicción define el presente del sector: una industria de hidrocarburos consolidada que convive con un ecosistema de energías limpias en plena expansión.
En la próxima década, la competitividad del sector dependerá cada vez más de su capacidad para operar en entornos híbridos. Todo esto en un contexto de mayor presión regulatoria, fiscal y reputacional, y de expectativas crecientes sobre cómo las empresas gestionan los impactos de la transición energética en los trabajadores y las comunidades.
Oportunidades en medio de un contexto desafiante
En Latinoamérica, los combustibles fósiles representan cerca del 70 % de la matriz energética primaria y el petróleo se mantiene como la principal fuente de producción, en una proporción mayor que en otras regiones del mundo.1
En paralelo, para muchos gobiernos de la región, la transición energética se ha convertido en una prioridad. En la práctica, esta transición no apunta a una eliminación inmediata de los combustibles fósiles, sino a una reducción gradual de emisiones, un aumento sostenido de la participación de energías limpias y una convivencia estratégica entre fuentes tradicionales y nuevas tecnologías.
Casi la mitad de los países de América Latina y el Caribe se ha comprometido a alcanzar emisiones netas cero hacia 20502, mientras que otros han fijado objetivos parciales de reducción de emisiones, expansión renovable o eficiencia energética. En Colombia, la meta de neutralidad de carbono para 2050 y la Transición Energética Justa se han establecido como ejes centrales del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Entre las medidas a corto y mediano plazo se destacan la incorporación de más de 2.500 MW adicionales de energías renovables no convencionales, la electrificación rural y programas nacionales de eficiencia energética dirigidos al sector empresarial.3
La región parte de una base estructuralmente favorable. Sus recursos solares y eólicos se encuentran entre los más competitivos a nivel global — con casos emblemáticos como el desierto de Atacama o La Guajira — y las energías renovables ya representan alrededor del 70 % de la generación eléctrica, impulsadas principalmente por la hidroelectricidad, que aporta más de la mitad del total.4
Además, la región concentra una riqueza geológica importante para la transición energética. En Latinoamérica se encuentran el 60% de las reservas mundiales de litio y el 40 % de las de cobre.5 Esta concentración de minerales atrae inversión extranjera y exige el desarrollo de nueva infraestructura de extracción y transporte.
Paralelamente, la región dispone de abundantes reservas de hidrocarburos. Venezuela concentra las mayores reservas probadas, mientras que Brasil se posiciona como el principal productor de Suramérica, lo que refuerza la seguridad energética regional y la capacidad exportadora. Solo en exploración y producción de petróleo y gas, la inversión en la región podría superar los USD 50.000 millones anuales de la próxima década6, liderada principalmente por proyectos en Brasil y Guyana.
En conjunto, estas dinámicas consolidan a Latinoamérica como una fuente complementaria de crudo en un escenario global marcado por la concentración de oferta en Medio Oriente y disrupciones recurrentes. Sin embargo, capitalizar plenamente estas oportunidades exige gestionar con precisión la complejidad regulatoria, social y operativa que hoy caracteriza al sector.
Brasil: nuevos hallazgos dinamizan la industria
Colombia: un entorno local que eleva el perfil de riesgo
El petróleo y el gas representan cerca de una cuarta parte de los ingresos fiscales del país y más del 15 % de la inversión extranjera directa.10 Sin embargo, en 2025 las exportaciones de petróleo y sus derivados cayeron un 33 %.
Desde 2022 no se han adjudicado nuevos contratos de exploración (aunque se respetan los contratos vigentes) y las reservas probadas se han reducido a niveles equivalentes a aproximadamente 7,2 años de petróleo y 5,9 años de gas.11 Esta tendencia empuja al país hacia una dependencia creciente del gas natural licuado (GNL) importado.
Renunciar a la exploración no elimina la necesidad de consumo; simplemente traslada la dependencia a proveedores internacionales más volátiles y costosos. El impacto de esa dependencia va más allá del mercado energético. El gas es un insumo para producir fertilizantes clave para el agro, por lo que su volatilidad puede transmitirse rápidamente al costo de la producción industrial y al precio de los alimentos.
Adicionalmente, la política tributaria vigente ha incrementado la presión financiera sobre las empresas que operan en el país, a través de mayores regalías, impuestos corporativos más altos y costos adicionales asociados al cumplimiento ambiental. Esto impacta especialmente la rentabilidad de los campos marginales y afecta con mayor intensidad a operadores independientes y de menor escala.
Todo esto eleva de manera estructural el perfil de riesgo del país. Para las empresas del sector, el reto — y también la oportunidad — radica en su capacidad para optimizar activos, adaptarse al cambio regulatorio y tomar decisiones estratégicas informadas en un entorno cada vez más exigente.
Riesgos crecientes para el sector
El riesgo climático es la consideración más inmediata. En condiciones normales, más del 70 % de la electricidad de Colombia proviene de fuentes hidroeléctricas. Cuando se presentan fenómenos como El Niño, cuya probabilidad para septiembre de este año se estima en 90 % según el IDEAM, los niveles de los embalses disminuyen, las plantas térmicas de respaldo operan a plena carga y la demanda de GNL importado se incrementa significativamente.
A esto se suman los ataques a oleoductos y gasoductos, frecuentes en Colombia, que siguen siendo un riesgo recurrente para la continuidad operativa. Los riesgos regulatorios presionan la rentabilidad, mientras que los riesgos sociales y reputacionales pueden derivar en retrasos, interrupciones o condiciones más estrictas para mantener la licencia social para operar.
También existe un riesgo asociado al capital humano. La experiencia de otras transiciones industriales muestra que, cuando la fuerza laboral percibe una transición como injusta y carece de mecanismos de adaptación, pueden aumentar las interrupciones y los sobrecostos operativos. En un sector intensivo en capital como Oil & Gas, estas afectan directamente la eficiencia de los activos, la asegurabilidad de las operaciones y el apetito de inversión.
Todo esto ocurre bajo un escrutinio cada vez más riguroso por parte de inversionistas, gobiernos, comunidades, aseguradoras y clientes, que demandan estándares más altos de cumplimiento de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés).
¿Cómo responden las empresas del sector?
Las compañías de Oil & Gas más avanzadas de la región están adoptando enfoques preventivos basados en analítica avanzada, inteligencia artificial y plataformas integradas de monitoreo. Estas herramientas les permiten a las organizaciones anticipar fallas, optimizar el desempeño de los activos y responder con mayor agilidad ante eventos disruptivos.
Más allá de reducir pérdidas, este enfoque de gestión de riesgos contribuye a mejorar la eficiencia operativa y refuerza la confianza de inversionistas, autoridades y comunidades.
